El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone ampliar el régimen de sanciones para empresas y personas que desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las áreas que Argentina reclama como propias en torno a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La propuesta busca reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659 por un esquema más amplio, que no se limite exclusivamente a los hidrocarburos. También contempla a accionistas, personas que ejerzan control sobre las empresas y proveedores que faciliten bienes o servicios para las actividades alcanzadas.

Penas de hasta 20 años

Uno de los principales puntos del proyecto es el aumento de las sanciones penales.

La iniciativa establece distintas escalas según el tipo de actividad. Para quienes proporcionen bienes o servicios esenciales vinculados con operaciones prohibidas, contempla penas de cinco a siete años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.

En el caso de actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas previstas serían de 12 a 15 años de prisión.

Cuando se trate de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, la escala propuesta asciende a 12 a 20 años, mientras que para determinadas actividades vinculadas con extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos también se contemplan penas de hasta 20 años de prisión.

Las sanciones económicas estarían vinculadas al valor equivalente de barriles de petróleo y, según la conducta, podrían alcanzar hasta el equivalente a tres millones de barriles.

También alcanza a empresas y proveedores

El proyecto establece además consecuencias comerciales y administrativas para quienes queden alcanzados por el régimen.

Entre las medidas previstas aparecen la rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado.

La iniciativa también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para determinados delitos incluidos en el proyecto, permitiendo que los procesos penales continúen aun cuando el acusado no se encuentre a disposición de la Justicia argentina.

Régimen para regularizar actividades

La propuesta incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes hayan desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones.

Las empresas podrían solicitar su incorporación al régimen si acreditan el cese de las actividades cuestionadas y asumen el compromiso de no reiterarlas. El proyecto contempla alternativas como el pago de multas o la reconversión de inversiones hacia actividades consideradas lícitas dentro del territorio argentino.

Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional

Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado mediante un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.

El esquema contempla la articulación de áreas de Relaciones Exteriores, Economía, Defensa, inteligencia, asuntos jurídicos, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

El Gobierno sostiene que esta estructura permitiría coordinar distintas herramientas del Estado frente a amenazas externas y cuestiones vinculadas con la soberanía nacional.

La propuesta también incluye mecanismos de protección aeroespacial y marítima, además de herramientas económicas que podrían aplicarse ante determinadas situaciones consideradas amenazas externas.

El proyecto ahora deberá ser debatido por el Congreso

El envío de la iniciativa forma parte de las medidas que el Gobierno viene impulsando en relación con la cuestión Malvinas y la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas involucradas en la disputa de soberanía.

El Ejecutivo ya había puesto en marcha procedimientos administrativos contra personas y empresas vinculadas, según el Gobierno, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas.

Ahora, el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional deberá atravesar el tratamiento parlamentario y, para convertirse en ley, deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.