Por irregularidades, el Gobierno eliminó más de 80.000 pensiones por discapacidad
Tras una auditoría llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se detectó que el 60% de los beneficiarios de pensiones por invalidez no se presentó a los controles médicos obligatorios.
La ANDIS, liderada por el abogado Diego Spagnuolo, avanza con un extenso proceso de verificación sobre más de un millón de titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En lo que va del operativo, el Gobierno de La Libertad Avanza ya dio de baja 80.080 beneficios, lo que representa un ahorro mensual de $23.143 millones para las arcas públicas.
Según cifras oficiales, el 60% de quienes fueron citados no concurrió a la instancia de verificación, requisito indispensable para conservar la pensión. Entre los casos irregulares relevados figuran personas fallecidas cuyos familiares continuaban percibiendo el cobro, beneficiarios sin discapacidad comprobada, detenidos, prófugos, e incluso personas que residen en el exterior.
DETALLE DE LAS 80.080 BAJAS:
- 65.230 fueron suspendidas por anomalías o por no asistir a las revisiones.
- 8.207 titulares renunciaron de forma voluntaria a la prestación.
- 6.643 fueron dadas de baja tras confirmarse el fallecimiento del beneficiario.
Cada pensión representaba un ingreso mensual de $289.000, compuesto por el 70% de la jubilación mínima ($219.000) más un bono adicional de $70.000.
Desde el Ejecutivo proyectan que, si continúan las auditorías, la cifra podría superar las 250.000 bajas en todo el país. El oficialismo sostiene que buena parte de estas pensiones se habrían asignado de manera discrecional durante gestiones anteriores, muchas veces como parte de actos políticos.
CASOS ABSURDOS Y SOSPECHAS DE ESTAFAS
La ANDIS detectó maniobras fraudulentas graves, como:
- 212 presos cobraban la pensión.
- 331 prófugos de la Justicia figuraban como beneficiarios.
- Una misma radiografía fue presentada en 150 expedientes distintos.
- Certificados apócrifos por amputaciones inexistentes y personas disfrazadas para simular discapacidades.
- Diagnósticos insólitos, como pie plano.
Incluso se encontraron trámites que citaban como aval al Movimiento Evita para gestionar la pensión de manera irregular.
En un caso extremo, el hijo de un beneficiario admitió durante la revisión que su padre reside en Egipto hace meses, mientras él seguía cobrando el subsidio.
NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
Mediante el Decreto 842/2024, el Ejecutivo dispuso un renovado esquema de control que incluye:
- Creación de un Cuerpo Médico Evaluador dependiente de la ANDIS.
- Validación periódica de la discapacidad mediante declaración jurada y estudios médicos.
- Intercambio de información con organismos como AFIP, ANSES, PAMI y el Ministerio de Justicia.
- Suspensión inmediata ante indicios firmes de irregularidades.
Cabe aclarar que estas auditorías no alcanzan a menores de edad ni a quienes ya fueron evaluados este año. El procedimiento es llevado adelante por personal médico de PAMI y agentes de ANDIS, quienes notifican a los beneficiarios mediante carta documento. La ausencia reiterada implica la baja definitiva del beneficio.
“NO SE ELIMINARÁ NINGUNA PENSIÓN LEGÍTIMA”
El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que “este escándalo refleja la imperiosa necesidad de auditar a fondo el sistema de pensiones por invalidez laboral”. Y enfatizó: “Ningún verdadero beneficiario perderá su pensión, pero sí se anularán aquellas que se hayan obtenido de manera fraudulenta”.
De acuerdo a datos oficiales, entre 2003 y 2015, bajo las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, las pensiones por discapacidad pasaron de 80.000 a 1.050.000. Durante la administración de Alberto Fernández, ese número ascendió a 1.250.000.