La Justicia suspendió el protocolo antipiquetes y el Gobierno anunció que apelará la medida

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto el denominado protocolo antipiquetes, una resolución del Ministerio de Seguridad que establecía el marco de actuación de las fuerzas federales ante manifestaciones sociales y cortes de calles. La decisión judicial fue adoptada este lunes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, tras hacer lugar a una acción de amparo.

En su fallo, el magistrado consideró que la medida presenta vicios en su conformación legal y que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva al Congreso, lo que —según sostuvo— vulnera el principio de división de poderes.

Cormick señaló además que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo podrán recurrir a la Justicia penal de forma individual, aclarando que quienes hayan sufrido presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad deberán realizar las denuncias correspondientes conforme a las competencias legales vigentes. En ese marco, precisó que las actuaciones vinculadas a la Resolución 943/23 deben canalizarse por las vías judiciales habituales.

El fallo representa el segundo revés judicial para el Gobierno nacional en pocos días, luego de que el mismo juez ordenara recientemente la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa suspendida pese a haber sido aprobada por el Congreso, al igual que la declaración de la Emergencia en Discapacidad.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su postura a través de redes sociales al afirmar: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, y sostuvo que el fallo responde a sectores de la “vieja política”.

Monteoliva defendió la validez del protocolo y aseguró que cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, remarcando que el Ejecutivo no dará marcha atrás. En la misma línea, desde el Ministerio de Seguridad ratificaron que la medida judicial será recurrida y reafirmaron su postura en defensa del protocolo, al considerar que es una herramienta legítima para garantizar el orden público.