El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades” y operaciones mediáticas

El Gobierno nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva iniciativa destinada a refutar públicamente informaciones que considere falsas o parte de operaciones mediáticas y políticas. La medida fue presentada a través de un comunicado oficial, en el que el Ejecutivo señaló que el objetivo es combatir la desinformación.

Según la Casa Rosada, la oficina tendrá como función “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de los medios y la casta política”. En el documento, el Gobierno argumenta que limitarse a informar no resulta suficiente si la difusión de datos inexactos avanza sin respuesta pública.

El presidente Javier Milei respaldó el lanzamiento de la iniciativa y afirmó que busca “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. La creación de la oficina también fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien expresó su apoyo en redes sociales.

La cuenta oficial de la nueva dependencia estará bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, encabezada por Javier Lanari, y se enmarca en la estrategia del Gobierno de fortalecer la comunicación directa a través de plataformas digitales.

En su primer comunicado, la Oficina de Respuesta Oficial aclaró que no pretende “convencer ni imponer una mirada”, sino brindar herramientas para que la ciudadanía pueda “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. También vincula su creación con la política oficial de reducción de la pauta publicitaria.

Fuentes oficiales indicaron que, por el momento, no se creará una estructura administrativa adicional, sino que la oficina funcionará integrada a los equipos existentes dentro de la Secretaría de Comunicación. Tampoco se detallaron los criterios o protocolos que se utilizarán para determinar qué contenidos serán desmentidos públicamente.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y sectores del sistema de medios, y busca institucionalizar una práctica que, según explican desde Balcarce 50, ya se venía realizando de manera informal mediante voceros oficiales y redes sociales.