Polémica en Buenos Aires: una jueza frenó por 60 días la baja de la imputabilidad a los 14 años

Una jueza de Lomas de Zamora suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen que establece la responsabilidad penal desde los 14 años en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada a pocos días de la entrada en vigencia de la normativa.

La magistrada Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2, hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad.

En su resolución, Pascual cuestionó principalmente las condiciones actuales del sistema bonaerense para aplicar la nueva normativa. Advirtió que los dispositivos de privación de la libertad no estarían en condiciones de recibir una mayor cantidad de adolescentes sin afectar sus derechos fundamentales.

La jueza también señaló que ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal debe estar acompañado por recursos materiales, institucionales y profesionales suficientes. Según planteó, la aplicación inmediata podría incrementar tanto la cantidad de jóvenes detenidos como el tiempo de permanencia dentro del sistema.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno nacional reglamentara el Régimen Penal Juvenil, por lo que genera un nuevo escenario de discusión sobre la implementación de la normativa.

La fuerte crítica de la jueza

En declaraciones a medios, Pascual fue contundente al cuestionar que la reducción de la edad de imputabilidad pueda traducirse automáticamente en una mejora de la seguridad.

"Con esta ley no vamos a crear más seguridad", afirmó.

La magistrada aclaró que no pretende "romantizar" a los menores que cometen delitos, pero sostuvo que cualquier respuesta penal debe contar con mecanismos adecuados para evitar que el sistema agrave la situación de vulnerabilidad de los jóvenes y, al mismo tiempo, no genere beneficios para la comunidad.

Como parte de la resolución, Pascual convocó para la próxima semana a funcionarios bonaerenses de las áreas involucradas para que expliquen qué medidas fueron adoptadas y cuáles están previstas para implementar el nuevo régimen.

Además, ordenó a los ministerios de Seguridad y Justicia y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

La resolución abrió así una fuerte discusión sobre la capacidad del Estado bonaerense para poner en marcha un régimen que amplía la respuesta penal sobre adolescentes, pero que requiere lugares de alojamiento, recursos y equipos profesionales preparados para su aplicación.