Gobierno vs AFA: la Inspección General de Justicia podría suspender la reelección de "Chiqui" Tapia

El gobierno de Javier Milei y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, están en un conflicto creciente y atraviesan un momento de alta tensión. Todo indica que la Inspección General de Justicia (IGJ) suspenderá la asamblea programada para el 17 de octubre, donde el líder del fútbol argentino busca ser proclamado nuevamente.

Esta decisión surge a raíz de un pedido de suspensión presentado por el presidente del Club Talleres de Córdoba, Andrés Fassi. Desde la IGJ, bajo la supervisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se destacan irregularidades en la anticipación de la elección, así como el corto plazo de apenas 15 días que tuvo la oposición para presentar listas y avales.

Además, se trata de un enfrentamiento político, ya que Tapia tiene fuertes vínculos con el peronismo, apoyó la candidatura de Sergio Massa y se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que Milei promueve para atraer inversión privada a los clubes.

El propio Cúneo Libarona insinuó la decisión del organismo al criticar cómo la AFA interpretó el fallo del juez Ricardo Pettis, quien la semana pasada desestimó una medida cautelar que buscaba frenar la suspensión de la asamblea. El magistrado indicó que la asamblea podría realizarse, ya que no había una resolución que lo impidiera, pero los abogados interpretaron que el juez, en realidad, había garantizado su realización.

"La decisión final corresponde a la IGJ, ya que es el organismo que supervisa a la AFA y otras entidades", afirmó el ministro de Justicia, añadiendo: "La AFA está dando manotazos de ahogado porque saben que lo que están haciendo no está permitido".

Desde la AFA, anunciaron que no retrocederán en su postura: respaldados por la resolución del juez Pettis, sugirieron que una suspensión no estaba en sus planes, incluso si la IGJ decidiera en su contra. Sin embargo, si el organismo efectivamente suspende la asamblea y la AFA ignora la resolución, tanto Tapia como los asambleístas que participen en el acto y validen la elección de autoridades podrían enfrentar un delito penal, con penas de prisión de quince días a dos años.