El Gobierno impulsa la privatización de AySA y autoriza el corte de agua por falta de pago
El Poder Ejecutivo avanzó con la modificación del marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), abriendo el camino para su privatización parcial o total y permitiendo que se interrumpa el servicio en caso de mora.
Mediante el Decreto 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se habilita al Ministerio de Economía a disponer la venta de acciones del Estado en la compañía, en conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma del Estado. Además, se actualizan más de 100 artículos del régimen normativo vigente desde 2006, orientando el funcionamiento de AySA hacia un modelo de administración privada.
El Gobierno argumenta que estos cambios buscan “mejorar la eficiencia” del servicio de agua potable y saneamiento, que actualmente enfrenta múltiples deficiencias. Según el decreto, “la estructura actual es inadecuada para responder a las crecientes demandas de cobertura, calidad y sustentabilidad”.
El texto también señala que entre 2006 y 2023, el Estado transfirió más de 13.400 millones de dólares a la empresa sin lograr mejoras en productividad, mientras que los costos operativos siguieron en aumento. En este contexto, el Gobierno considera que “la profunda crisis económica limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir el servicio público”.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la autorización a la empresa para cortar el suministro de agua a los usuarios que no paguen, bajo las condiciones que serán estipuladas en el nuevo contrato de concesión.
A pesar de este avance hacia una gestión privada, el decreto mantiene un rol activo del Estado en el control del servicio a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Esta última, además, tendrá a su cargo la elaboración del Plan Director de Mejora Estratégica, una guía técnica que definirá las obras prioritarias para ampliar y mejorar la red de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este plan deberá actualizarse cada cinco años.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
La norma ya está en vigencia y será evaluada por la Comisión Bicameral del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles, tal como lo establece la Ley 26.122.